miércoles, 10 de julio de 2013


Se confirma sanción administrativa de cinco años de inhabilitación impuesta por la Contraloría General a ex servidor de la SUNARP 


·        Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas declaró infundada la apelación presentada contra sanción impuesta en primera instancia. 
·        Es el primer caso de sanción impuesta en ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General. 



El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, el pasado 2 de julio de 2013, confirmó la sanción de 5 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, impuesta en primera instancia por la Contraloría General, a un ex servidor de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, que en el desempeño de su función incumpliera sus deberes y actuara en contra de los intereses del Estado. 


Es el primer caso en que se impone una sanción administrativa en ejercicio de la facultad  conferida por la Ley N° 29622, que modificó la Ley N° 27785, para sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que cometan infracciones graves o muy graves en el ejercicio de la función pública. 


La conducta infractora fue detectada por la Contraloría General durante el Examen Especial practicado a la Zona Registral N° I – Sede Piura, en que se evidenció que, en noviembre del 2011, durante su desempeño como registrador público, el señor Jorge David Salomón Reyes inscribió a favor de particulares un predio del Ministerio de Defensa, ubicado en Sullana, valorizado en más de 5 millones 563 mil soles, incumpliendo las normas que rigen el procedimiento de inscripción y ocasionado un perjuicio al Estado. 


La resolución del Tribunal Superior, adoptada luego de una exhaustiva valoración, ha confirmado la máxima sanción prevista en la ley considerando la gravedad de los hechos y el daño económico causado, señalando que está acreditado que el mencionado registrador público consideró como válidas dos escrituras públicas imperfectas que no reunían los requisitos legales exigidos y tenían evidentes visos de irregularidad. 


El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es un órgano que posee independencia técnica y funcional, y, autonomía en sus decisiones, encargado de resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra las sanciones impuestas por la Contraloría General. 


EL DATO 
De manera independiente a la sanción administrativa impuesta por la Contraloría General, el caso viene siendo conocido por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, para establecer la posible responsabilidad penal.

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