Defensoría del Pueblo informa que diecisiete conflictos sociales surgieron en agosto

Lima, set. 04 (ANDINA).- Diecisiete nuevos conflictos sociales surgieron en el mes de agosto, algunos de ellos están relacionados a temas socioambientales y presuntas irregularidades en gestión de Gobiernos Locales, informó hoy la Defensoría del Pueblo.

Según señala el Reporte de Conflictos Sociales Nº 54 de la Defensoría del Pueblo, en agosto se incrementó el número de conflictos sociales, que llegaron a ser 161, de los cuales 113 se encuentran activos (70%) y otros 48 se hallan en estado latente (30%).

Del mismo modo, recuerda que los conflictos sociales de los últimos cuatro meses ascendieron a 61.

Asimismo, se explica que los conflictos socioambientales y los relacionados con Gobiernos Locales son los más recurrentes, debido a causas atribuidas al temor de la población a una posible contaminación por actividades extractivas y a presuntas irregularidades en la gestión municipal, respectivamente.

En el reporte se da cuenta de la aparición de un aspecto nuevo, que consiste en que los conflictos de resonancia nacional son por primera vez los más numerosos (15), seguidos de los casos registrados en los departamentos de Puno y Cajamarca (14) y Ayacucho (13).

Entre los que alcanzaron resonancia nacional destacan el paro amazónico contra los decretos legislativos, las protestas de los trabajadores del Ministerio de Salud por el pago de asignaciones extraordinarias para el trabajo asistencial (Aetas) y el de los docentes universitarios por la homologación de sueldos.

Asimismo, el referido reporte da a conocer 135 acciones colectivas de protesta y cuatro acciones de violencia subversiva, y del mismo modo señala que cuatro casos obtuvieron una solución.

Con relación a los hechos de violencia, el informe consigna un total de 194 acciones de este tipo entre enfrentamientos, tomas de locales, daños a la propiedad y bloqueos de carreteras.

No obstante, aclara que existen 43 casos encausados a través de procesos de diálogo, lo que representa el 27% del total de casos.

El reporte correspondiente a agosto incluye información especial acerca de las demandas por canon, y por lo cual se explica que a raíz de lo sucedido durante el mes de julio en Moquegua, se han empezado a visibilizar demandas y conflictos por un mayor canon, ya sea para evitar aparentes recortes o para obtener una distribución más equitativa.

En el reporte, se agrega un mapa de demandas y conflictos sociales relacionados con el canon minero e hidrocarburífero en el que se visualizan nueve casos de demandas y/o conflictos sociales relacionados con el canon minero e hidrocarburífero registrados entre julio y agosto de este año, así como un listado con los 35 Proyectos de Ley sobre canon (2006-2008), de los cuales 25 se encuentran en comisiones, siete esperan ser incluidos en orden del día y tres ya recibieron con dictamen negativo.

A su vez, el jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, invocó al gobierno a prevenir para evitar que los conflictos lleguen a extremos como el caso de Moquegua.

Pidió que el Estado tenga una actuación más coordinada, aprovechando el esfuerzo que realizan sus entidades respecto a los temas y casos potencialmente conflictivos que se incuban en todo el país.

La congresista Marisol Espinoza (PNP), por su parte, sostuvo que al gobierno le corresponde, entre otros aspectos, solucionar los problemas de la población, proteger sus derechos, y no agredirlos como a veces ocurre. “El gobierno tiene que evitar que los problemas se le escapen de las manos”, afirmó.

Beatriz Merino hizo un pedido al gobierno y a las autoridades regionales y locales a iniciar sendos procesos de diálogo con las poblaciones inmersas en los conflictos.Convocó a las autoridades a actuar de modo preventivo, principalmente en 10 casos, los cuales se encuentran en estado de escalamiento y podrían entrar en crisis, “de no haber una actuación inmediata”.